Por: René Cardozo, S.I.(.)

Los errores en política se pagan, y se pagan muy caro. Y el expresidente de la República, Carlos D. Meza Gisbert cometió un error político, y ahora Bolivia debe pagar el alto costo que este supone. Y es que en su debida oportunidad muchos analistas políticos habían alertado que el novedoso mecanismo de "selección", o mejor dicho "elección", de Prefectos Departamentales, no solamente constituía una grave alteración del ordenamiento legal, sino que ponía en riesgo el correcto funcionamiento del Estado, dejando latente la posibilidad de división si ocurría el escenario en el que un Prefecto era opositor al Presidente de la República.

¿Por qué se aprobó esta norma vulnerando el orden político del Estado? ¿Fue la precipitación que sucumbe ante las presiones regionales y los intereses de grupos de poder? ¿No implicaba dejar a los Prefectos como entidades autónomas, siendo que su función y razón de ser es otra?

Y es que el grave error es el de haber establecido una instancia autónoma de gobierno, sin el adecuado marco jurídico que pueda normar su correcto funcionamiento. ¿Quién fiscaliza a los Prefectos? ¿Delante de quién son responsables si no es delante del Presidente de la República? ¿Cómo es posible tener Prefectos opositores al Gobierno, si son precisamente sus representantes?

No se debería haber jugado con el País y aventurar a Bolivia en un camino que rompería gravemente la unidad del Estado. Pero se lo hizo, una vez más al calor de los grupos y corporaciones de poder, que son los que manejan este país desde su propia fundación.

Es muy posible que un referéndum revocatorio, figura que no existe dentro del marco jurídico del Estado, no resuelva el problema de fondo que se ha creado con los Prefectos de la "media luna" que han constituido una especie de "Estado paralelo". El problema de fondo puede comenzar a ser subsanado estableciendo un marco jurídico en el que se entienda correctamente la función de un Gobernador de un Departamento autónomo, que establezca claramente sus potestades y las instancias a las que debe rendir cuentas y responder por sus actos, y un Prefecto que responda a lo que establece la actual Constitución Política del Estado: "en cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República". Y está claro que, guste o no guste a los actuales Prefectos, es el marco legal en vigencia.

Bolivia ha sufrido muchas alteraciones al orden institucional en su historia, especialmente en los gobiernos "de facto".  ¿Cuál es la verdadera intención de los "Prefectos opositores"? El ciudadano no es tan inocente como para no darse cuenta, que es la propia seguridad nacional, la que está en juego.

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(.)Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.