El director Ejecutivo de la FAM-Bolivia, Jerjes Mercado. Foto: ANF
La Paz, 14 de febrero (ANF).- El director Ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Jerjes Mercado, anunció que el próximo 23 de febrero los alcaldes se reunirán de emergencia para analizar el financiamiento del bono de 250 bolivianos que deberán pagar a las personas con discapacidad grave y muy grave por instrucción del Gobierno. El encuentro se desarrollará en Cochabamba.
Jerjes dijo que pese a las intenciones solidarias del Gobierno de beneficiar a las personas con discapacidad, los municipios están “preocupados” por el impacto en sus finanzas que pueda generar el pago del bono, ya que para esta gestión hubo recortes presupuestarios.
“Nos preocupa cuál va ser el impacto (del bono) en las finanzas municipales, por lo tanto nos estamos reuniendo para establecer un criterio y un punto de vista unánime (…) valoramos el alto nivel de solidaridad de esa medida, pero hay que coordinar”, dijo a tiempo de llamar al Gobierno a sostener un encuentro para consensuar el proyecto y que todos salgan ganando.
Entretanto, el vicepresidente de la FAM-Bolivia, Hugo Valverde, indicó que los 338 municipios del territorio nacional no se oponen al beneficio que plantea el Gobierno, sin embargo, dijo que es “inviable” para las alcaldías por la disminución en sus presupuestos.
Los alcaldes de La Paz y El Alto reiteraron su rechazo al planteamiento del Gobierno de que sean los municipios los que paguen el beneficio y no así el Gobierno central. Revilla y Chapetón pidieron que se convoque de emergencia a una reunión de alcaldías para esta semana. Caso contrario, la autoridad paceña afirmó que se autoconvocarán.
De acuerdo a Revilla pagar el bono a La Paz le costaría entre 15 y 20 millones de bolivianos, lo que pondría en riesgo la construcción de nuevos hospitales, entre otros proyectos ediles.
Alcaldías deberán destinar Bs 60 millones
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo que las alcaldías deben cumplir con el pago porque tienen la capacidad y señaló que para cancelar el beneficio deben destinar alrededor de 60 millones de bolivianos.
“Hay que ser conscientes de las necesidades de las personas con discapacidad y es importante atenderlas. Hay que socializar y trabajar con la FAM para conocer los alcances. La medida alcanzaría a unos 60 millones de bolivianos distribuidos en los 338 municipios y una autonomía indígena que hay en Bolivia”, sostuvo.
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