La Paz, 19 de febrero (ANF).- Obreros que trabajan para la empresa Harzone Industry Corporation en el departamento de Pando, no tienen seguro social obligatorio, servicios de salud, protección laboral, muchos no tienen contratos laborales o visados por el Ministerio de Trabajo. La Defensoría del Pueblo detectó al menos 10 vulneraciones de derechos en un solo proyecto.
La Defensoría del Pueblo emitió un informe con todas las vulneraciones en las que incurre la compañía y lo remitido al Ministerio de Trabajo para que asuma acciones en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes referidas a derechos laborales y sociales.
La institución que vela por los derechos de las personas actuó ante la denuncia que formuló el senador opositor Yerko Nuñez. “Nosotros recibimos muchas quejas de los bolivianos que trabajan para las chinas y es muy preocupante la explotación”, dijo el legislador a ANF.
El año pasado Nuñez dejó una denuncia en las oficinas de la Defensoría y ésta institución realizó una verificación en noviembre de 2016 y “confirmó las vulneraciones a los derechos”, comentó el senador. “Se atropella derechos a los trabajadores bolivianos en su propia casa, son proyectos millonarios y mínimamente deberían dar buenas condiciones de trabajo”, protestó.
El 2016 el presidente Evo Morales participó en la firma del contrato entre la Administradora Boliviana de Carreteras y la empresa Harzone Industry Corporation, para la construcción del tramo carretero Porvenir-Puerto Rico, la obra tiene una extensión de 133, 2 kilómetros con una inversión de 155,6 millones de dólares.
La Defensoría del Pueblo inspeccionó la obra en el tramo Porvenir-Nuevo Belén, donde la empresa Harzone Industry Corporation tiene 25 trabajadores, el centro de trabajo está ubicado en la propiedad privada Vista Alegre de Jesús Reis Melena, de acuerdo al documento al que accedió ANF.
Tramo Porvenir-Nuevo Belén
Tras la inspección se verificaron varias vulneraciones a los derechos, por ejemplo: los trabajadores no cuentan con seguro de salud, no tienen una posta médica o un botiquín de primeros auxilios para eventuales enfermedades o accidentes que pudieran registrarse, tampoco tienen seguro social obligatorio, como exigen las normas nacionales.
Por el tipo de trabajo que realizan, los ayudantes -en particular- requieren de la dotación de gafas de trabajo o bociqueras para protegerse del polvo, botas y ponchilos para trabajar en lluvia, que no les proporcionaron. Los pocos que tienen ropa de trabajo son pasibles de descuentos si no van con la indumentaria.
Respecto a los contratos de trabajo los más antiguos tienen contratos, cuatro nuevos no cuentan con estos documentos; los obreros tienen una copia del contrato pero no está visado por el ministerio de Trabajo. También se quejan por los sueldos, porque serían los más bajos respeto a otras empresas.
Los trabajadores que viven en Cobija tienen que pagar su pasaje hasta Porvenir, pese a que la Ley General de Trabajo prevé que el patrono debe erogar para este rubro. En cambio, si un trabajador pide permiso le descuentan medio día de haber.
Tramo Villa El Carmen-Puerto Rico
En este tramo son ciudadanos extranjeros a cargo del campamento y del seguimiento a las obras. Los trabajos empezaron con 12 personas pero al momento que la Defensoría realizó la visita eran 20 trabajadores y tenían previsto aumentar el número.
En esta obra la situación de los trabajadores de igual manera es difícil, porque no cuentan con personal de salud, hay una posta en la comunidad que no tendría medicamentos, supuestamente hay botiquín pero los funcionarios no tienen acceso a ella. No cuentan con seguro social obligatorio.
La mayoría de los trabajadores no tienen contratos de trabajo, el pago del sueldo no es puntual; y no tienen copia de los contratos que firmaron. También hay disconformidad con el monto de los sueldos.
Un trabajador se enfermó con chikungunia pero la empresa no cubrió los gastos de atención ni de medicamentos; mientras que otro obrero sufrió un accidente de trabajo y la empresa china tampoco asumió los costos de la atención ni una indemnización.
“Considerando que la empresa Harzone Industry Corporation Ltda representada por Rui Qiao Wang ha vulnerado derechos de los trabajadores reconocidos por la normativa nacional la Defensoría emite recomendaciones al Ministerio de Trabajo”, dice el texto del informe.
Para que exija a la compañía china adoptar todas las medidas para proteger la vida y salud de los trabajadores; instruir al representante de la empresa disponga de los recursos económicos para cubrir gastos de emergencia y que se restituya los gastos que hicieron los obreros uno enfermo con chikungunia y otro accidentado.
Asimismo, se le exige que afilie a sus trabajadores, ya que desde el mes de septiembre del 2016 cuando empezaron los trabajos hasta el mes de febrero no contaban con seguro de salud. Exhortan a la dotación de ropa de trabajo oportuna y adecuada.
Que se le conmine a los empresarios a cancelar los gastos razonables para el traslado de viaje de ida y retorno a la fuente laboral.
El senador Nuñez manifestó que es obligación y responsabilidad del Ministerio de Trabajo que la empresa china cumpla con todas estas recomendaciones para que los obreros bolivianos tengan realmente condiciones laborales y no de explotación.
/NVG/JM/
