Acto de resarcimiento a I.V. Foto: ANF
La Paz, 16 de octubre (ANF).- La Procuraduría General reconoció este lunes públicamente la responsabilidad internacional del Estado boliviano en la vulneración de los derechos de I.V. (iniciales del nombre de la persona afectada), por la esterilización no consentida a la que fue sometida el año 2000 y por la frustración procesal en el acceso a la Justicia.
El reconocimiento de la responsabilidad fue realizado en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que encontró responsabilidad en el Estado Boliviano por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia.
Asimismo, el Estado Boliviano es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial.
“Con la realización de este acto público (…) el Estado reconoce su responsabilidad internacional con el fin de reparar el daño causado a la víctima, la señora I.V., y para que mediante la difusión de todo lo que hemos señalado previamente, de la propia experiencia que ha tenido de la señora I.V., este tipo de hechos no vuelva a repetirse en nuestro país”, manifestó el Procurador General del Estado, Pablo Menacho.
La CorteIDH pidió al Estado brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a la víctima.
Además ordenó pagar por concepto de daño material e inmaterial la cantidad de 50.000 dólares a la víctima y de 18.290 dólares por gastos y costas para la organización Derechos en Acción.
“Ella tiene el beneficio de ser atendida de por vida, y de que sus familiares también sean cubiertos por este seguro (…) porque hubieron temas sicológicos también y temas que afectan sin duda a la familia”, señaló a ANF el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Ernesto Rossell.
Rossell indicó que hay una intención de personalizar más este tipo de casos, “no irnos tan a lo jurídico, tan a la confrontación con la instancia internacional cuando creo que eso se podía resolver antes conociendo a la persona, viendo sus necesidades en el ámbito interno y llegar a soluciones amistosas”.
Así también indicó que si bien el Estado “es responsable de defender sus intereses, no debe perder la perspectiva de que el Estado tiene que defender a las personas que viven en él”.
I.V., ausente en el acto por problema de salud, pidió mediante su representante, Rielma Mencias, directora de Derechos en Acción, que leyó su carta, que su esperanza sobre los Estados, movidos por el espíritu de solidaridad humana, es que “dimensionen a quienes acuden al sistema interamericano de derechos humanos, en su condición de víctimas de violaciones y no de enemigos”.
Mencias subrayó que “I.V. es una mujer con determinación admirable y plena conciencia respecto de estos derechos, que no le motivó interés económico alguno, porque su derecho a un resarcimiento es legal y legitimo”.
“Ella hizo de su pérdida un motivo para dejar constancia de que nadie, sea un médico, un esposo, una madre, u otra persona, pueda decidir por una mujer cuando se trate cuándo y cuántos hijos traer al mundo”, apuntó.
Según la sentencia, la Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Según la representante de I.V., aún falta el cumplimento de algunas determinaciones de la CorteIDH, como el pago de la indemnización.
/ANF/
