La Paz, 24 de enero (ANF).- Funcionarios judiciales, de la Gobernación, SIGPLU y DNI de Chuquisaca obstruyen el proceso por el feminicidio de Araceli Aguilera para impedir el traslado del responsable de su muerte a la cárcel de San Roque, en la ciudad de Sucre.
La denuncia fue formulada por Teresa Caballero Guerra, madre de la víctima, luego que por tercera vez consecutiva se suspendió la audiencia donde el juez debía pronunciarse sobre el peligro de fuga del imputado que permanece detenido en la carceleta de Monteagudo que “no tiene ninguna garantía de seguridad”.
Un inicial informe forense que aseguraba que Araceli Aguilera murió por mal de chagas, fue la primera señal de alerta de una secuencia de irregularidades que según la parte acusadora se vienen cometiendo en el proceso por feminicidio instaurado contra Mayber Rojas Rodas.
Aracely fue golpeada por su pareja hasta morir y luego fue abandonada en la calle junto a su bebé de un mes en una vía adyacente a su vivienda en el municipio de Muyupampa, la madrugada del domingo 30 de octubre 2016.
Esclarecidas las circunstancias de su muerte, se ordenó la detención preventiva de Rojas Rodas en la carceleta de Monteagudo y se lo imputó por el delito de feminicidio.
A casi tres meses del hecho, la parte acusadora denunció tráfico de influencias “porque funcionarios de diferentes instancias del sistema judicial impiden que se haga justicia”.
En declaraciones a ANF, Caballero Guerra, acusó a la madre del imputado, que se desempeña como directora del DIJES, instancia responsable de implementar el Código Niño, Niña, Adolescente en la Gobernación de Chuquisaca, de ejercer tráfico de influencias e impedir que el proceso se encare según los plazos y procedimientos establecidos en la ley 348.
Relató que además de alterar la causa de muerte en el primer informe forense, cuando el fiscal solicitó la detención del imputado en la cárcel de San Roque de Sucre, Garybaldi Sandoval, abogado del Sistema de Justicia Plurinacional (SIGPLU), que debía actuar de oficio como parte acusadora, medió a favor del imputado.
Denunció que a la media noche del pasado 18 de enero, día ante de la audiencia que debía resolver el traslado del imputado a la cárcel de seguridad de San Roque, recibió un mensaje de Rosse Mery Osinaga, secretaria de Instrucción Penal de Muyupampa que le pedía no asistir a la misma porque supuestamente habría sido suspendida.
“Decidimos asistir y constatamos que no había instrucción de suspensión de la audiencia como originalmente me había informado Osinaga, como no logró que no asistamos, optó por no hacerse presente impidiendo que la audiencia sea instalada.
ANF accedió al audio de referencia e intentó sin éxito comunicarse con Osinaga para consultar las razones por las que llamó fuera de horario de oficina e informó sobre la supuesta suspensión de la audiencia.
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