La Paz, 17 de octubre (ANF).- La Defensoría del Pueblo, tras realizar un proceso de verificación en 29 hospitales públicos y 10 de la seguridad social de los nueve departamentos del país, determinó que las personas con discapacidad tienen varios límites para acceder de forma regular y oportuna a los servicios de salud.
“En una investigación realizada a nivel nacional, en las nueve capitales de departamento, y la ciudad de El Alto (…) se evidenciaron obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones y servicios de salud, y que afectan al cumplimiento del trato preferente que deben recibir como establece la norma”, sostuvo la Defensoría mediante un comunicado.
Los resultados de la investigación revelaron barreras físicas y arquitectónicas; limitaciones en la provisión de medicamentos a los beneficiarios de la Ley 475, sobre todo, a personas con trastornos de salud mental; dificultades de información y comunicación; y la exigencia de requisitos y formalismos como el carnet de discapacidad o las boletas de referencia y contra referencia.
“La institución considera que el trato preferente establecido en la Ley 223 y el Reglamento de la Ley 475 en el ámbito de salud, debe ser implementado a través de acciones integrales a fin de precautelar la equiparación e igualdad de personas con discapacidad con el resto de la población”, manifestó la Defensoría.
En ese sentido la entidad defensorial emitió recomendaciones a las instancias involucradas, como el Ministerio de Salud, gobernaciones y gobiernos municipales.
Recomendaciones para el Ministerio de Salud: Ampliar la regulación del trato preferente para precautelar la equiparación e igualdad de las personas con discapacidad.
Además ajustar las normas en el Primer y Segundo Nivel en lo referente a los componentes físicos y funcionales de los establecimientos de salud. Incorporar medicamentos e insumos necesarios.
Así como implementar el uso del lenguaje de señas en entidades formadoras de recursos humanos del sector salud, en coordinación con el Ministerio de Educación, entre los principales puntos.
Recomendaciones para los gobiernos departamentales: Reforzar la capacitación sobre la Ley 475 y sus reglamentos, al personal en los servicios de salud. También socializar y difundir a través de medios de comunicación información sobre los alcances de la Ley 475 y sus reglamentos.
Realizar las adecuaciones arquitectónicas de la infraestructura de los hospitales públicos de tercer nivel, para garantizar la accesibilidad física de las personas con discapacidad. Y fortalecer los equipos de calificación, registro y carnetización a nivel nacional, con el fin de que los procesos y procedimientos para el acceso al carnet de discapacidad, que los habilita a los beneficios de la Ley 475, sean ágiles y oportunos.
Recomendaciones para gobiernos municipales: Mejorar los medios de información en los hospitales públicos y de la Seguridad Social, por ejemplo a través de la utilización del lenguaje de señas para pacientes con discapacidad auditiva. También mejorar la arquitectura de hospitales.
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