La Paz, 2 de abril (ANF).- La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-Bolivia) calificó de positivo que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome en cuenta estándares internacionales para legislar en torno al controvertido tema del aborto.
En un comunicado, recuerda que el año 2015 el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) instó al Estado Plurinacional de Bolivia a “modificar las disposiciones legales pertinentes a fin de despenalizar el aborto y velar por que éste pueda practicarse de manera legal”.
Puntualiza que esa recomendación especifica que entre las causales del aborto impune se deben considerar “casos de amenazas a la vida o la salud de las mujeres embarazadas, violación, incesto y defectos graves del feto” y garantizar la aplicación de la sentencias constitucional que elimina la autorización judicial para el acceso al aborto en casos de violación e incesto.
La OACNUDH-Bolivia considera que en el debate público suscitado como consecuencia de la propuesta de regulación del aborto incluida en el proyecto de Código del Sistema Penal boliviano se deben considerar otras recomendaciones del sistema de Naciones Unidas que instan a Bolivia a “reducir los riesgos de muerte de las mujeres por abortos, coadyuvando así a la reducción de la mortalidad materna en el país”.
La Oficina pondera que se haya tomado en cuenta la exhortación realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ocasión de la Sentencia 0206/2014, a la Asamblea Legislativa Plurinacional “a desarrollar con progresividad normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, conforme a lo establecido en el art. 66 de la CPE”.
Dice que es importante que se haya tomado en cuenta que los abortos clandestinos e inseguros representan una de las causas más importantes de las muertes maternas, pues según datos publicados por el Ministerio de Salud el año 2016 la tercera causa de muerte materna en Bolivia es el aborto y las complicaciones de abortos inseguros.
Puntualiza que el Consenso de Montevideo, suscrito por representantes de 38 países de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), incluido Bolivia “instó a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y adolescentes y mejorar su calidad de vida”.
Concluye que “el tratamiento del proyecto de Código del Sistema Penal es un importante aporte al proceso de reforma profunda de la administración de justicia penal que se viene encarando en el país, especialmente en lo que concierne a los derechos humanos de las mujeres”.
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