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Nacional Seguridad

Santa Cruz: Ministerio Público presenta acusación formal por el caso Dron

Según las autoridades judiciales, se encontraron suficientes elementos que prueban la comisión de los delitos durante el proceso investigativo.
8 de Febrero, 2017
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Un dron en la ciudad de Santa Cruz.
La Paz, 8 de febrero (ANF).- El Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer recibió este miércoles la acusación formal del Ministerio Público contra los implicados en el denominado caso Dron en Santa Cruz.

“Estas personas fueron acusadas formalmente dentro de este caso que salió a flote cuando el Comando Departamental de la Policía se negó a recibir un dron y un camión de monitoreo de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra”, manifestó el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar.

Entre los acusados están el gerente de Army Security, Carlos Alberto Padilla Parada, por la comisión de los delitos de conducta antieconómica, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; el responsable del proceso de contratación, José Salvador Canudas Araujo, por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Además figuran la responsable administrativa de seguridad ciudadana, Marisabel Barrero Vaca; el encargado del área de seguridad ciudadana, Ernesto Mario Petterson Toledo; y, Johnny Huari Montaño, todos acusados por la comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Asimismo, Paúl Cuellar Bejarano es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito y se amplió investigación contra Daniel Moreno Pedraza, Alfonso Ábrego Bejarano, Lucas Mercado Antelo, César Molina Ortiz y José Ernesto Rojas.

Según la autoridad judicial, se encontraron suficientes elementos que prueban la comisión de los delitos durante el proceso investigativo.

En marzo de 2016 se revelaron datos sobre la supuesta compra irregular que hizo el gobierno municipal de Santa Cruz de un centro de monitoreo móvil y un dron con fines de seguridad ciudadana. La Policía se rehusó a recibir los equipos porque no respondían a los requerimientos técnicos establecidos para cumplir con su objetivo.

Según las denuncias, el valor de los equipos era de 3,7 millones de bolivianos, monto que fue considerado como exageradamente elevado y se sospechó de un posible sobreprecio en la adquisición de tales equipos.

/AGL/FC/

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    Caso Dron