La Paz, 16 de mayo (ANF).- El Órgano de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura sostuvo que es urgente que el Gobierno boliviano impulse acciones para que la entidad que monitorea los lugares de detención y los actos de tortura en el país sea un ente completamente independiente del Órgano Ejecutivo, para que de esa manera pueda ejercer su trabajo en el marco de las exigencias internacionales.
“Aunque reconocemos el trabajo del SEPRET (Servicio para la Prevención de la Tortura), estamos preocupados porque su independencia se encuentra comprometida debido a su subordinación bajo al Ministerio de Justicia. La independencia funcional y administrativa de los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNPs) es la disposición fundamental del OPCAT (tratado internacional único de derechos humanos que asiste a los Estados a prevenir la tortura y otros malos trato)” dijo Emilio Ginés, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT).
Además solicitó que se trabaje para disminuir la alta tasa de detenciones preventivas. Manifestó que la detención preventiva en el país aún representa el 70% de la población carcelaria, lo que tiene un impacto directo en el hacinamiento.
“Reconocemos que se han hecho cambios en las estructuras políticas, institucionales y sociales del país. Sin embargo, se necesita hacer mucho más para traducir esos cambios a una realidad y fortalecer la prevención de la tortura”, dijo Ginés.
Miembros del SPT estuvieron en Bolivia durante 9 días, en los que visitaron 23 lugares de privación de la libertad a lo largo del país. Entre ellos, estaciones de policía, centros penitenciarios, centros para adolescentes en conflicto con la ley, celdas judiciales, como así también un hospital psiquiátrico.
Asimismo la delegación se reunió con autoridades del Tribunal Constitucional, autoridades indígenas, representantes de la sociedad civil y agencias de la ONU, además de autoridades del SEPRET.
Tras la visita, el SPT presentará un informe confidencial al Gobierno de Bolivia, incluyendo sus observaciones y recomendaciones en relación a la prevención de la tortura y los malos tratos de personas privadas de la libertad. Alentó a Bolivia a realizar ambos informes públicos.
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