La Paz, 10 febrero (ANF).- El constitucionalista Williams Bascopé advirtió que la Fiscalía incurre en incumplimiento de deberes, al no actuar de oficio en la toma temporal de las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y las amenazas públicas realizadas por la dirigencia minera en contra de la libertad de funcionamiento de esa entidad.
El jurista señaló que hay garantías constitucionales para todos los ciudadanos del país, como es la libertad de expresión y el ejercicio pleno de sus facultades. En ese marco recordó que la APDHB es una de estas instituciones que goza de plenas garantías, cuenta con estatutos reconocidos por el Estado, y por tanto, ningún ciudadano puede meterse de manera arbitraria.
“Podemos hacer una invocatoria, pero no interrumpir con actos de hecho que son delitos, y que el Ministerio Público ya debería actuar porque es de conocimiento público, ya debió haber iniciado una acción de oficio citando a estos ciudadanos que están haciendo un mal uso de una institución gloriosa como es la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con afanes políticos, eso es lacerante y destroza las bases de la democracia”, aseguró.
En ese sentido, Bascopé dijo que la Fiscalía incurre en incumplimiento de deberes al dejar desprotegida a la APDHB y a sus representantes, como es el caso de su presidenta, Amparo Carvajal, una mujer de 79 años, amparada también por la Ley 243 contra el acoso y violencia política contra las mujeres, que podría aplicarse en este caso.
“Por más movimiento social que sea debe respetar las reglas y los estatus, porque sino yo o cualquier otro ciudadano puede arremeter en la Asamblea Legislativa y entrar a decir que el pueblo quiere cambiar al presidente de la Cámara de Senadores, y eso no funciona así”, aseveró en alusión a la dirigencia de la FSTMB encabezada por Orlando Gutiérrez y otros grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
En criterio del constitucionalista, las personas que participaron de la toma temporal de la APDHB e hicieron amenazas públicas habrían cometieron los delitos de atentado a la propiedad privada, atentado contra la libertad de las personas, entre otros, que deberían ser investigados y castigados por la justicia.
La presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, anunció la presentación de una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra del Gobierno y las organizaciones afines al oficialismo por violencia política.
Carvajal, en una entrevista con ANF, denunció que tras la toma por algunas horas de las instalaciones de esa entidad, por parte de grupos sindicales afines al Gobierno, se evaluó lo acontecido y se llegó a la conclusión de que esa acción de los mineros fue planificada con anticipación con el propósito de eliminar la independencia de la institución.
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