Activistas del Observatorio de Exigibilidad de Derechos de las Mujeres bajo amenaza de detencion. Foto: ANF
La Paz, 19 de abril (ANF).- Los jueces a cargo del proceso por el feminicidio de María Isabel Pilco fueron denunciados por incumplimiento del debido proceso y por favorecer de manera sistemática al inculpado por este delito.
En carta abierta al Ministro de Justicia, el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres detalla una serie actuaciones de los juzgadores del Tribunal Primero Anticorrupción y Sentencia de Violencia Contra la Mujer que evidencian “abierta parcialización con el procesado por la muerte de María Isabel Pillco”.
Entre los hechos calificados de irregulares, se menciona que el pasado 12 de abril los jueces convocaron a una audiencia que no estaba programada y a la que, por tanto, no asistieron los abogados de la parte acusadora.
Ante la solicitud de suspensión de la audiencia, los jueces José Luis Quiroga e Iván Perales amenazaron con detener a la madre de la víctima por supuesta obstrucción del proceso e impusieron una multa de Bs. 36.000 a los abogados de la parte acusadora por no asistir a la audiencia.
Elvira Gavincha, madre de la víctima, informó a ANF que en esta fase del proceso se suspendieron en promedio 10 audiencias, “al menos cinco a petición de la parte acusada y nunca recibieron amenazas, recién en la última suspensión les impusieron una multa de Bs. 50 a sus abogados”.
La carta abierta del Observatorio denuncia que los jueces “revictimizan a los familiares de María Isabel Pilco” pero también muestran “su interés de apartar a los abogados que llevan el caso impidiéndoles su presencia en los mencionados estrados y restringiendo la presentación de los argumentos de la acusación”.
Gavincha por su parte relató que, ante la ausencia de sus abogados, el presidente del Tribunal Primero Anticorrupción y Sentencia de Violencia Contra la Mujer, José Luis Quiroga, le impuso un abogado de oficio que al instalarse la audiencia del pasado 12 de abril advirtió que desconocía los detalles del proceso y, por tanto, no estaba en condiciones de representar adecuadamente los intereses de la víctima.
Añadió que durante la audiencia varias activistas que desde hace meses hacen seguimiento al proceso fueron amonestadas por el juez y “obligadas a firmar, bajo amenaza de detención, un acta en el que se comprometían a no apoyarnos”.
Ante tales hechos, el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres solicita al Ministro de Justicia “se haga la fiscalización al presente proceso, signado con el Nro.201469752, radicado en el Tribunal Primero de Sentencia, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de La Paz”.
Asimismo demanda “protección al Observatorio como la instancia que apoya de manera comprometida a las mujeres cuyos derechos humanos han sido vulnerados”, recuerda que su actuación se inspira “en la búsqueda de la verdad y la justicia, principalmente, el debido proceso” y anuncia que “estaremos atentas ante cualquier llamado de la familia Pilco, dada la situación de acoso y presión y amenazas de parte de autoridades judiciales”.
María Isabel Pilco murió luego de una larga agonía producto de las golpizas que le propinó su esposo y padre de su hija, durante los 10 días que la tuvo bajo llave en una habitación. Cuando logró escapar de su encierro denunció la agresión a la policía, pero no pudo sobreponerse a los golpes que le provocaron una hemorragia interna extrema. Murió pocos días después. En noviembre de 2014, la fiscalía imputó por feminicidio a David Viscarra.
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