La Paz, 27 de junio (ANF).- El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, dice que su hermana, Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, de la Dirección Jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rubricó “marginalmente” un informe que no tiene vinculación con el caso taladros. Pero dicha nota dio curso a la justificación de la cuestionada enmienda tres, que flexibilizó el Documento Base de Contrataciones (DBC) y subió el techo presupuestario del proceso que es parte de las investigaciones por parte de la Fiscalía.
Arce señala que “la nota N° GLC 733 - ULGAJ N° 385/2016 de fecha 19 de agosto de 2016 de la Gerencia Legal Corporativa de YPFB, fue suscrita por la abogada Cynthia Novillo Salinas y no por la abogada Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, quien al igual que otros abogados de la Dirección Jurídica de YPFB rubricaron marginalmente dicha comunicación”.
ANF informó que la nota fue firmada por Novillo, sin embargo el sello, la rúbrica y las iniciales de Jackeline Arce y D. Gutiérrez aparecen en la nota, certificando que conocieron la misma.
El Ministro refiere que la nota “no está vinculada al proceso de contratación de los tres taladros de la empresa italiana Drillmec SPA, y se constituye en una comunicación general de procedimientos emitida por la Gerencia Legal Corporativa de YPFB, que no hace ninguna referencia directa y particular a dicho proceso de contratación”.
Pero la declaración informativa policial del asesor legal de la estatal petrolera y actualmente detenido, Julio Kjari Nina (quien fuera miembro de la Comisión de la Unidad Jurídica de YPFB) revela que la enmienda tres “se materializa mediante informe YPFB-ULG-SCZ-IN 562/2016 donde se justifica la enmienda en cumplimiento a la nota de la Gerencia Legal GLC N° 733 - ULGAJ N° 385/2016”.
El Ministerio Público colectó la referida nota como parte del proceso del denominado caso taladros y es uno de los tantos indicios que utilizó para procesar al expresidente de YPFB, Guillermo Achá.
Además, el fiscal Ramiro Jarandilla, en audiencia, explicó que la ilegal “Enmienda tres habilita a todas las empresas proponentes a no ser observadas en la documentación porque disminuye los requisitos solicitados a cada una de estas empresas (…). Se ha disminuido los requisitos, a criterio del Ministerio Público, para favorecer a una empresa, Drillmec”.
El ministro Arce menciona que “la abogada Ana Luz Arce Zaconeta, no participó de manera alguna en el proceso de contratación de los tres taladros”.
ANF afirmó que la abogada Arce avaló un informe que presuntamente dio curso a la justificación de la enmienda tres. Esta enmienda es parte de las investigaciones del caso taladros y dio curso a las presuntas irregularidades en el proceso de contratación y adquisición de tres equipos de perforación.
Finalmente, el Ministro de Justicia mediante un comunicado aclara que él y el viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado “por existir indicios de irregularidades en el proceso de contratación de los mencionados taladros”.
Pero fue también el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de sus abogados, quienes pidieron la detención domiciliaria de Guillermo Achá, máxima autoridad ejecutiva (MAE) implicada en el caso taladros; este hecho fue cuestionado por el Ministerio Público que apeló esta medida porque existen indicios suficientes que responsabilizan en contra del expresidente de YPFB.
Los abogados de la estatal petrolera también cuestionaron la detención domiciliaria de Achá y pidieron su encarcelamiento por existir suficientes indicios en su contra. De hecho, la Fiscalía señaló que el expresidente de YPFB no sólo conoció del proceso de contratación de los tres taladros, sino también que "forzó" para que la adjudicada sea la italiana Drillmec.
/LACH/JMC/
