La Paz, 2 de octubre (ANF).- El vicepresidente, Álvaro García Linera, es demandado en la acción de inconstitucionalidad abstracta que interpuso un grupo de legisladores del MAS ante el Tribunal Constitucional; la oposición se pregunta ¿cómo defenderá la norma si es interesado en “su reelección”?.
García Linera debe responder a la demanda de inconstitucional de cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral, norma aprobada en la Asamblea Legislativa, referidos al periodo de mandato del presidente, vicepresidente, asambleístas, gobernadores, alcaldes y concejales.
El senador Edwin Rodríguez asegura que el mandatario enfrenta un “conflicto de intereses”, porque su papel es defender la constitucionalidad de la Ley 026, que fija los periodos de mandato, que ahora los legisladores señalan que es “inconstitucional”, asimismo su partido busca la reelección indefinida donde incluyen al vicepresidente y todas las autoridades.
“Ahí, obviamente incurrimos en un sesgo jurídico, ahí hay un conflicto de intereses, no puede ser que el vicepresidente Álvaro García Linera que es el primer interesado en su repostulación el que tenga que ir a defender la norma ante el Tribunal Constitucional”, cuestionó Rodríguez.
“¿Cómo va a defender la Ley 026 cuando es el interesado en su reelección?”, insistió el legislador, refiriéndose al rol del Vicepresidente, para quien el MAS también busca su reelección, porque según el ministro de la Presidencia es el acompañante de Morales en las elecciones de 2019.
Después de siete años, el oficialismo estableció que los artículos de la Ley 026, 52.III, 64 d), 65 b), 71 c) y 72 b) “son inconstitucionales”, es decir que vulneran la Constitución, a su vez establecen que la Ley Fundamental no es concordante con el Pacto de San José de Costa Rica.
El razonamiento del partido gobernante postula que la Constitución no puede “limitar” la reelección de las autoridades por una sola vez de manera continua porque contradice la propia Carta Magna y “convencionalmente” los artículos 1.1, 23, 24 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica.
Después que el TCP admitió la acción de inconstitucionalidad tiene que notificar al presidente de la Asamblea Legislativa, en este caso a García Linera, quien tiene 15 días para responder. \"A partir de la respuesta del Presidente de la Asamblea Legislativa recién corren 45 días para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del tema\", explicó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
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