La Paz, 17 de octubre (ANF).- El diputado Wilson Santamaría (UD), afirmó que los magistrados del Tribunal Constitucional deben excusarse de conocer el recurso que busca legalizar la reelección indefinida del presidente, Evo Morales, porque incurren en un conflicto de intereses, de acuerdo al Código Procesal Constitucional.
El legislador anunció la presentación de un memorial a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional haciendo notar que de acuerdo al Código Procesal Constitucional todos los magistrados están impedidos de conocer la acción de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley 026 y el control de convencionalidad de la Carta Magna.
Los magistrados Ruddy Flores, Neldy Andrade, Efren Choque, Zenón Hugo Bacarreza, Macario Lahor Cortez, Mirtha Camacho y Oswaldo Valencia son procesados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo tanto, no podrían resolver la acción de inconstitucionalidad abstracta del MAS y porque además el Legislativo es demandado.
Según el artículo 20 numeral 3 de la norma constitucional será causa de excusa “tener proceso pendiente con alguna de las partes, siempre que éste no haya sido provocado ex profeso por una de ellas para inhabilitarlos, o haber sido denunciante o acusado contra una de las partes para su enjuiciamiento”.
Una causa que se adecua perfectamente a la situación de todos los magistrados de la máxima entidad del control constitucional que son procesados en la Asamblea Legislativa, dice Santamaría.
“Deben excusarse quienes tiene un proceso pendiente con alguna de las partes, una de las partes es precisamente la Asamblea Legislativa la que los está enjuiciando y también ha respondido a través del Vicepresidente como parte recurrida a la famosa acción que busca violar la Constitución Política del Estado”, sostuvo el diputado.
Añadió que de no excusarse, los magistrados están frente a cometer un “vicio de nulidad”, si resuelven el recurso del oficialismo que busca que cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral sean declarados inconstitucionales y cuatro de la Carta Magna sean “inaplicables”.
Precisó que el artículo 21 del Código Procesal Constitucional prevé la “obligación de excusa” y por lo tanto los magistrados deben “apartarse en su primera actuación de oficio” y de declararse legal no podrán conocer de manera definitiva la causa.
El pasado jueves la Comisión ya sorteó la causa y recayó en manos del magistrado Macario Lahor sobre quien existe una denuncia y su caso está en proceso en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
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