La Paz, 25 de julio (ANF).- Organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas conformaron una Iniciativa Ciudadana de monitoreo a las elecciones judiciales, proceso en el que observa que las notas mínimas que habilitaron a los candidatos al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental \"no condicen\" con el perfil de un magistrado de una alta corte de justicia.
10 organizaciones, redes y plataformas de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia, definieron articular esfuerzos para llevar adelante el monitoreo a la preselección, evaluación y elección de altas autoridades judiciales, este martes presentaron un informe.
La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, manifestó que uno de los temas más importantes de la post cumbre de justicia radica en que la preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional debe estar sostenida en la meritocracia e idoneidad de las futuras autoridades judiciales.
“Nosotros hemos observado las notas mínimas habilitantes que se han establecido para habilitar en la preselección, creemos que estas notas no condicen con un perfil de un magistrado de una alta corte de justicia”, afirmó Saavedra.
Las organizaciones llegan a esta conclusión después que cumplieron la labor de veeduría durante la evaluación de méritos, examen escrito y entrevista a los candidatos al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
Este miércoles, la Comisión Mixta de Constitución iniciará similar proceso para el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, después que se cerró la segunda convocatoria con 105 aspirantes a los que se suman los 229 de la primera convocatoria.
Por esa razón pidieron que la nota mínima habilitante sea modificada. Los candidatos se habilitan con 56 puntos para que sus nombres sean considerados por la ALP. “Se sugiere modificar este criterio para el proceso de evaluación de postulantes al Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia”, señala el documento que emitieron.
En ese contexto, la Plataforma de Iniciativa Ciudadana plantea que la “interpretación, desde la Asamblea Legislativa, de las notas permita que solamente los mejores perfiles puedan ir a la terna de selección y puedan ser votados por la Asamblea”.
Mónica Novillo manifestó que establecieron ocho criterios de perfil para los futuros magistrados y que fueron enviados a la ALP. Entre los que se encuentran: alta calidad moral, conducta ética irreprochable; independencia e imparcialidad; habilidades gerenciales; capacidad de interlocución con otros actores y usuarios del sistema.
Asimismo, temperamento judicial; conocimiento legal sobresaliente; alto nivel de conocimiento del derecho y de sus fundamentos, compromiso con los derechos humanos, el estado de derecho y los valores democráticos y conocimiento de los principales desafíos institucionales del sistema de justicia.
“Estos criterios no son los mismos que los requisitos del Reglamento”, declaró Mónica Novillo, quien destaca la necesidad de realizar aportes a este proceso que, independientemente, se esté o no de acuerdo continuará en la ALP.
Respecto al tema, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño dijo que a estas alturas del proceso ya no debería existir “duda” de que se preseleccionarán a los mejores hombres y mujeres profesionales para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
“Serán testigos de las sesiones donde se elegirá a las personas que vayan a la papeleta quiénes ingresan y cuál es su calificación. A diferencia del proceso de 2011 hay una calificación numérica”, declaró la legisladora.
Respecto a la poca legitimidad que reviste la preselección y si estas organizaciones decidirán en algún momento si avalarán o no el proceso o se inclinarán por una campaña a favor del voto nulo o blanco, Mónica Bayá dijo que no se anticiparán a adoptar una postura en este sentido, sino hasta que termine la preselección
/NVG
