La Paz, 16 de junio (ANF).- El exdiputado del Movimiento al Socialismo (2010-2015), Franklin Garvizu, aseguró que fue designado como Juez público civil y comercial y de partido del trabajo y seguridad social de Yapacaní, por méritos, asimismo afirmó que no tiene militancia en el partido de Gobierno, certificado por el Órgano Electoral.
Garvizu, fue designado el 2 de junio de la presente gestión como “Juez público civil y comercial y de partido del trabajo y seguridad social 1ro. de Yapacaní”, en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, según el memorándum firmado por el director nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, Edmundo Yucra.
El ahora juez manifestó a ANF que después de que en 2016 el juez Emilio Ávalos presentara su renuncia al cargo, Garvizú se postuló en la segunda convocatoria, que en primera instancia fue declarada desierta. "Presenté todos los requisitos, la convocatoria pública en su numeral 10, decía no militancia partidaria, mi persona ha acreditado ese extremo con una certificación emitida por el Órgano Electoral Plurinacional”, aseguró.
El artículo 19 sobre Prohibición y causales de inelegibilidad de la Ley del Órgano Judicial, señala que son causales de inelegibilidad para el ejercicio de la función judicial, entre otras, el “tener militancia en alguna organización política”.
Respecto a esta disposición el exdiputado del MAS sostuvo: “He acreditado con certificación que tiene la fe probatoria emitida por el Órgano Electoral donde se demuestra que no acredito militancia partidaria. En derecho lo que cuenta es la documentación”, agregó.
Por lo tanto, asegura que cumplió con todos los requisitos solicitados en la convocatoria, además que se sometió a un concurso de méritos y examen de competencias, y que finalmente culminó obteniendo el cargo, en un proceso que calificó como “transparente”.
“Cualquier ciudadano o ciudadana que quiera impugnar el proceso de preselección, selección y designación para las autoridades del Órgano Judicial tiene que hacerlo en un determinado plazo, en este caso para hacerlo tenían ellos hasta el 10 de septiembre de 2016, no basta con mostrar como que yo he sido designado por una cuestión política”, remarcó.
Garvizu desde el 2002 está vinculado al partido gobernante, cuando fue dirigente de las Juventudes del MAS en Yapacaní, luego en 2004 fue candidato a concejal por ese mismo municipio y posteriormente fue diputado por la Circunscripción 46 del departamento de Santa Cruz por el MAS, durante la gestión 2010-2015.
“Esas es mi indignación y la verdad es que ahora se está limitando a un joven profesional a que pueda asumir funciones que meritocráticamente he logrado a través de un concurso de méritos y examen de competencia. Además quiero señalar lo siguiente, el hecho de que un ciudadano ejerza una representación política, no significa que necesariamente tenga una militancia partidaria”, comentó.
También señaló que existe una “intención” de estigmatizar a las personas que han ejercido una representación, "o sea que cumplir un mandato constitucional, significa conculcar nuestros derechos civiles y políticos”, reclamó.
En ese sentido Garvizu sugirió a este medio de comunicación hacer una investigación profunda respecto a la designación de Remberto Basualdo exasambleísta departamental del (MAS) como juez en Santa Cruz; y recordó, incluso, que Ramiro Guerrero, Fiscal General del Estado, ha sido antes constituyente del partido de Gobierno.
“El Consejo de la Magistratura en el mes de abril designó también como juez, al Doctor Remberto Bazualdo en Santa Cruz, siendo también que él era Asambleísta departamental en la gestión 2010 – 2015. Pero además de esto, el Fiscal General del Estado en este país, ha sido constituyente por el MAS”, comentó.
“Bolivia es un Estado signatario de convenios y tratados internacionales en materia de derechos sociales, mi derecho al trabajo está siendo coartado, está siendo limitado simplemente por la cuestión de carácter político y eso si no le aceptó ni a ANF ni a nadie, porque me están de alguna manera vulnerando mis derechos sociales y esos derechos están establecidos en la Constitución Política del Estado, son irrenunciables e imprescriptibles y voy a hacer valer en las instancias pertinentes”, finalizó.
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