La Paz, 1 de febrero (ANF).- La diputada Lourdes Millares (UD) pidió al Órgano Electoral que solicite y explique bajo qué circunstancia el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) compró 365 escáneres digitales con un supuesto sobreprecio.
ANF divulgó que el SEGIP compró en 5.144 dólares cada uno de esos aparatos captahuellas marca Dermalog, que se compran en sitios de internet en 1.990 dólares. Se estima que el sobreprecio del SEGIP alcanza a 5,2 millones de bolivianos. SEGIP destinó 13 millones de bolivianos en la compra de esos 365 dispositivos.
“La presidenta del Tribunal Supremo Electoral debe pedir un informe al SEGIP. Nosotros (los diputados) podemos hacerlo en el marco de la fiscalización. Podemos convocarla a la presidenta (Katia Uriona) para que explique las características excepcionales de este equipo”, sostuvo Millares.
Este miércoles se confirmó que el Tribunal Supremo Electoral entregó en 2011 al SEGIP 300 escáneres que cumplían la misma función que los que adquirió en 13 millones de bolivianos.
La unidad de comunicación del SEGIP explicó este miércoles que Cuba estaba en reunión de gabinete ampliado del Gobierno y que por ello no podía realizar declaraciones a ANF. Anunció una nota de prensa, pero que no llegó hasta la hora comprometida.
Millares manifestó que solicitarán información sobre las características de la licitación o cuál fue el mecanismo para la adquisición de los equipos. “Si algo le hace mal a la imagen del país, es la corrupción”, sostuvo.
Asimismo la asambleísta de manera coincidente con el senador Oscar Ortiz rechazó que solo se trate de casos de “microcorrupción” a los que se ha referido el presidente Evo Morales. “En el país hay macrocorrupción, que el Presidente deje de engañarse”, sostuvo el senador.
“Donde se aprieta sale pus”, añadió Ortiz, quien dijo desconocer este caso del SEGIP, pero mencionó que casos escandalosos son la adquisición de barcazas, el Fondo Indígena, las irregularidades en compras en las Fuerzas Armadas entre otros, manifestó.
La víspera el SEGIP anunció la realización de una auditoría externa y pública para fiscalizar todos los procesos de contratación y adquisición de bienes que se realizaron desde la creación de la institución, ocurrida en junio de 2011.
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