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Nacional Política

Demandan por prevaricato a dos magistrados del TCP

El diputado Juan Carlos Gutiérrez dijo que los magistrados Macario Cortéz y Mirtha Camacho no actuaron sujetos a la Constitución Política del Estado
24 de Agosto, 2017
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El diputado de UD, José Carlos Gutiérrez. Foto: ANF

La Paz, 24 de agosto (ANF).- El diputado José Carlos Gutiérrez (UD) interpuso una demanda por el presunto delito de prevaricato contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurionacional, Macario Lahor Cortéz y Mirtha Camacho Quiroga.

Los dos magistrados después de un año rechazaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el decreto supremo 2762, que reglamenta el pago de 0,50 centavos por parte de los asociados de las cooperativas para el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop).

La denuncia contra ambos magistrados fue ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. “Desde el año pasado cuando sentamos una denuncia estamos peregrinando por una respuesta, por considerar que es abusiva el decreto 2762, ahora nos dicen que no teníamos argumento para representar este acto de inconstitucionalidad”, protestó Gutiérrez.

El legislador añadió que la medida afecta directamente la economía de la ciudadanía, porque se le carga el pago de 0,50 centavos a través de las cooperativas para que funcione la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, cuando su manutención debería ser responsabilidad del Gobierno.

“Es una chicanería que digan que no hay argumentos. Un impuesto no se puede crear por decreto sino por ley, y eso ha sucedido para el caso de los 0,50 centavos para financiar la Afcoop, sostuvo.

Añadió que lo único que representa la decisión de los magistrados es que no tienen independencia para dictar una sentencia, toda vez que la acción de inconstitucionalidad era en contra del presidente, Evo Morales.

“Corresponde el rechazo la acción de inconstitucionalidad abstracta al carecer de fundamentación jurídica constitucional”, resolvió el TCP, la abogada del caso dijo que esta determinación no se sujeta a los preceptos constitucionales.

Asimismo dijo que no valoró que existe una invasión de competencias, porque la norma debió dictarse por medio del legislativo y no a través de un decreto supremo por el Órgano Ejecutivo.

/NVG

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