La Comisión de Constitución en la sesión. Foto: @SenadoBolivia
La Paz, 29 de julio (ANF).- La Comisión Mixta de Constitución reinició este sábado la revisión de cumplimiento de requisitos de los postulantes a la preselección de candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó la diputada del MAS, Susana Rivero.
Rivero dijo que en el transcurso de esta jornada se prevé finalizar la primera fase de revisión de los requisitos de los candidatos a altos cargos del Órgano Judicial. Además, recalcó que el estudio se hará de acuerdo a los informes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Contraloría, Tribunal Supremo Electoral y el Consejo de la Magistratura.
“Hoy vamos a terminar de trabajar nuestra primera fase del proceso que es la habilitación o inhabilitación de los postulantes. Hemos recibido los informes de las instituciones públicas y entonces vamos revisar otra vez todas las postulaciones para tener el filtro que corresponde. La verificación se hará de la primera y segunda convocatoria”, afirmó.
La Comisión declaró el miércoles cuarto intermedio en la sesión permanente para verificar la presentación de documentación de los postulantes sobre aspectos como la no militancia política desde hace cinco años, procesos administrativos, entre otros, y quienes cumplan con los requisitos exigidos pasarán a la siguiente fase de impugnaciones.
La diputada admitió que hay algunas dificultades en la preselección porque varios de los postulantes al TCP y TSJ son jueces y fiscales que ya trabajaron como máximas autoridades judiciales hace varios años.
“Los fiscales departamentales y jueces son los mismos de hace 20 años y esa dificultad se está teniendo en el proceso de preselección, esas mismas personas se están volviendo a presentar y nosotros estamos tratando de encontrar novedades, currículos para darle opciones al pueblo y elegir en diciembre. La justicia está en problemas y no porque el MAS haya sacado o puesto a alguien”, remarcó.
La semana pasada, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció que al menos cuatros postulantes tenían procesos penales en su contra por corrupción, incumplimiento de deberes, violencia familiar y aún así fueron habilitados. Incluso dijo que había candidatos “observados” con altos puntajes en la lista de la preselección.
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