Los fondos de pensiones son "propiedad del pueblo boliviano", dijo Alarcón.
La Paz, 18 de enero (ANF).- El abogado constitucionalista Carlos Alarcón realizó una interpretación de la CPE y llegó a la conclusión de que ésta prohíbe el uso de los fondos de pensiones para favorecer a un grupo determinado, como ha anunciado el Gobierno a realizar con respecto al sector agrícola cruceño.
Según Alarcón, los fondos de pensiones, que son los que tienen la titularidad de los recursos de la seguridad social, son entidades públicas que pertenecen a todos los bolivianos y cuyos recursos son usados por el conjunto de los bolivianos “paulatina y progresivamente”, según van alcanzando la edad de la jubilación.
El jurista añadió que el Estado solo puede administrar esos recursos y que ni los propios beneficiarios pueden usar esos recursos en otros fines que no sea, en el momento establecido por ley, recibirlos en forma de pensiones.
Alarcón mencionó que el artículo 339 de la CPE, en su parágrafo II define aquello con precisión. Señala: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno”.
Por lo tanto, según su criterio, la ley 65 de Fondo de Pensiones, que autoriza la entrega del 5% de esos recursos, sería inconstitucional.
El presidente Evo Morales determinó utilizar el 5% del fondo de pensiones para generar un fondo de 150 millones de dólares y entregar créditos a afiliados a la CAO y Cainco y a pequeños agricultores. Ante las críticas recibidas al anuncio, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que sólo se usará el 1% del total de los recursos.
Economistas como Gonzalo Chávez y Alberto Bonadona advirtieron que dar créditos al sector agrícola es muy riesgoso, puesto que depende de factores que no controla, como el clima, plagas y otros fenómenos.
Ambos señalaron que la banca privada debería entregar esos créditos y que el Estado no puede convertir a los fondos de pensiones en entidades de entrega de créditos.
Alarcón señala que no está en contra de que el sector agropecuario reciba préstamos, pero que éstos deben financiarse con otros recursos.
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