La Paz, 3 de octubre (ANF).- Al menos 2.500 viviendas sociales que fueron adquiridas en el marco de los programas estatales serán sometidas a la Ley de Pérdida de Beneficio por Incumplimiento de Fines Sociales, norma que se encuentra en tratamiento en el Legislativo, informó el viceministro de Vivienda, Bony Morales.Mediante esa nueva ley, las casas podrían ser revertidas.
“Estamos hablando de cerca de 2.500 viviendas y una vez se tenga la ley aprobada y se cuente con el reglamento podremos definir los mecanismos de reversión; lo que se necesita es sentar precedentes para que aquellas familias inescrupulosas que con el afán de aprovecharse del Estado se han adjudicado viviendas cuando ya tienen viviendas, o en algunos casos son alquiladas, vendidas y no solo una vez, hay ciclos de tercera venta”, señaló.
Morales explicó que las viviendas de tipo social que serán sometidas a ley contemplarán a partir de la gestión 2006 para adelante. “No se hizo ninguna notificación sino evaluaciones a cada una de las viviendas de algunos proyectos ejecutados con anterioridad a través de denuncias de la propia gente, sin embargo el mecanismo se planteará una vez se apruebe la ley”, indicó.
Según el proyecto de ley dijo que la norma contempla la pérdida de beneficio a través de un proceso administrativo de revocatorio del contrato con el Estado. “La pérdida de los aportes o mejoras que puedan haber hecho pueden ser uno de los caminos máximos de sanción, pero la reversión podrá efectuarse tomando en cuenta cada caso, no es una ley que pueda generalizar a todos”, dijo.
Según el Viceministro de Vivienda, desde la gestión 2006 se entregó 100 mil viviendas de tipo social, y aunque desde el Estado se crearon “filtros” para que se beneficien las familias más necesitadas, dijo que siempre hubo gente que engañó.
“No queremos que la gente pueda recaer porque a pesar de los filtros que hemos puestos en las instancias de evaluación de beneficiarios siempre se han dado la forma de engañarnos, ojalá con la ley sentamos precedentes, no mientan dirigentes, no mientan las autoridades, ni los beneficiarios”, señaló.
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