La Paz, 26 de junio (ANF).- El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Herbas, reveló que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no le entregó hasta la fecha el detalle de la ejecución de las boletas de garantía aplicadas a la española Corsán Corviam por el abandono de obras, ni tampoco los contratos con dicha empresa bajo el argumento de que existe una cláusula de confidencialidad con el Banco Mundial (BM).
“Se nos ha respondido por parte de la ABC que tiene una cláusula de confidencialidad con el Banco Mundial, entonces es un elemento que seguramente cuando lo conversen la ABC con el Banco Mundial nos responderán en algún momento y nos informarán”, afirmó Herbas en entrevista con ANF.
Sin embargo, el también excontralor general dijo que el plazo de espera no puede ser indefinido, pues la nota a la ABC fue cursada el 10 de abril, antes de que el senador de oposición Yerko Núñez denunciara supuestos hechos de corrupción en torno a los contratos con Corsán Corviam y presentara sus peticiones de informe escritos (PIE).
“Estamos generando, viendo y requiriendo esta información (…) con organismos de financiamiento hay confidencialidad hasta determinada etapa y después de esa etapa toda información debe ser proporcionada a las unidades. Nosotros actuamos en función a los parámetros existentes en el ámbito público, nos han dicho que en un determinado momento nos van a dar pero eso tiene sus límites”, aseveró.
El Jefe de Transparencia señaló que sí la ABC no entrega la información requerida a esta unidad, incluso acudirá al Banco Mundial para verificar la información. “Así es, no solo vamos enviar al Banco Mundial sino que vamos a tomar todas las opciones del ámbito público”, manifestó.
En la nota remitida el 10 de abril, el Jefe de la Unidad de Transparencia le solicita a la Presidenta de la ABC expedir la carpeta del proceso de contratación, las propuestas no adjudicadas de las empresas participantes, los contratos principales, modificatorios y adendas, el informe del avance físico y financiero de la obra en ambos tramos de la carretera San Buenaventura - Ixiamas.
También se solicitó información del supervisor y fiscal de obras referente a la ejecución y cumplimiento de obligaciones de la empresa contratista, el informe de los motivos por los cuales la ABC no publicó los contratos principales con esta empresa en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), además del reporte del sistema de contratos de la Contraloría General del Estado sobre el registro de los contratos de esta obra.
En la misma nota, Herbas le solicitó a Villegas remitir toda la información requerida en un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción, pero pasaron más de dos meses y hasta la fecha la Unidad de Transparencia no recibió la información solicitada.
“Debemos señalar que una de las líneas de trabajo de la Unidad de Transparencia es velar que el Estado no pierda un solo centavo en este tipo de contratos, y uno de los elementos al que estamos haciendo seguimiento es que las boletas de garantía hayan sido ejecutadas correctamente, y estamos esperando la respuesta porque en función a la cuantificación de las boletas se hará una comparación si hubo algún daño económico o no”, señaló.
En cuando a las tres solicitudes de información que le llegaron de parte del senador Núñez, el Jefe de Transparencia dijo que el legislador por una falta de asesoramiento jurídico o desconocimiento de las normas remitió requerimientos no sólo a la Unidad de Transparencia, sino también y en paralelo al Ministerio Público.
“Ha entreverado los caminos por los cuales debería haber hecho estas solicitudes; incluso en el primer memorial de su solicitud tipifica una serie de delitos de carácter penal, y cuando un servidor tipifica delitos de carácter penal es su obligación plantear esto ante el Ministerio Público, no ante otra instancia, sino es pasible de convertirse en cómplice porque no sabemos qué otros detalles conoce ese servidor público”, señaló.
Mencionó que entre los delitos que tipifica el senador están cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones y contratos lesivos al Estado. “Cuando se trata de delitos de tipo penal debe acudir a la Fiscalía, nosotros nada más tenemos que hacer en esto”, sostuvo.
“La Fiscalía tiene mayor capacidad que nosotros y que la propia Contraloría, porque puede investigar, incautar computadoras, llevarse por delante un montón de gente para investigar estos casos. Por lo tanto qué podemos hacer si él ya lo ha presentado al Ministerio Público”, dijo.
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