Venta de ropa usada en Cochabamba. Foto: Los Tiempos.
La Paz, 22 de abril (ANF).- Los comercializadores de ropa usada determinaron suspender la marcha nacional en contra de un proyecto de Ley que afecta al sector, después de que la dirigencia de los ropavejeros tuvo un primer acercamiento con el Gobierno.
La movilización estaba prevista para el próximo lunes, sin embargo, la dirigente del sector, Elizabeth Verástegui, confirmó que ese anuncio quedó postergado porque el Gobierno determinó una reunión para ese mismo día.
“El Gobierno nos dio una audiencia y será a las 10:00 del lunes con el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, entonces de manera responsable la dirigencia ha suspendido la marcha”, dijo.
Ahora el sector espera que el Gobierno también responda con una propuesta “sensata y buena” en ese encuentro a favor de los comercializadores de la prendería usada, que temen que se apruebe el proyecto de Ley que prohíbe la venta de ese tipo de productos.
Asimismo, Verástegui adelantó que en el encuentro rechazarán ese proyecto de Ley y ratificarán su deseo de tributar por la venta de ropa usada.
“Si nos prohíben la venta de ropa a medio uso nos estarían dejando sin trabajo a más de 250 mil familias y nosotros hemos pedido pasar de la informalidad a la formalidad haciendo previa clasificación de capitales porque es justo que tributemos”, remarcó.
El pasado 13 de abril, el vicepresidente Álvaro García Linera presentó el proyecto de “Ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas”.
Esa iniciativa otorga a los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobierno Autónomos Indígenas Originarios Campesinos la responsabilidad de "implementar los mecanismos de control para el comercio de las mercancías usadas en su jurisdicción".
Asimismo determina que esas dos instancias tendrán la responsabilidad de "realizar el control y decomiso de mercancías usadas prohibidas de comercialización; y de controlar que la autorización otorgada para la realización de actividades económicas en su jurisdicción no sea utilizada para la comercialización de mercancías usadas prohibidas".
En aquella oportunidad, García Linera manifestó que el objetivo es "controlar al interior de las ciudades y de los mercados la comercialización de mercancía usada que tanto daño hace a la industria nacional".
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