La Paz, 25 de abril (ANF).- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, pidió este martes que se investigue el destino de los 80 millones de bolivianos, que en su momento ofreció el Gobierno, para la reconversión productiva de este sector social del país.
“Hay que hacer observaciones de por qué fracasó el plan de reconversión ¿dónde se han ido los 80 millones de bolivianos que se han pedido a nombre de la reconversión? Tiene que existir una investigación profunda para ver a qué bolsillos ha ido a dar ese dinero”, dijo la dirigente.
Agregó que las exautoridades del Gobierno, como la exministra de Producción Celinda Sosa, tienen que dar una rendición de cuentas en torno al destino de ese dinero que debió ser usado para la generación de nuevas actividades económicas alternativas para los ropavejeros.
“¿Dónde se ha ido ese dinero? Tiene que haber una investigación tanto de la Contraloría como del Gobierno como tal para dar con los autores de la desaparición de ese dinero”, remarcó.
Ayer, el Gobierno y la dirigencia de los ropavejeros acordaron la conformación de dos mesas de trabajo para analizar el fracaso del plan de reconversión y la elaboración de nuevas propuestas para el sector.
La primera mesa, que se reunirá dentro de 15 días, tiene precisamente el propósito de investigar por qué fracasó la reconversión y dónde están esos 80 millones de bolivianos.
La segunda mesa se reunirá dentro de 60 días y será para presentar otros proyectos de reconversión para buscar salidas alternativas a la comercialización de la ropa usada en el país.
Sin embargo “la reconversión sólo es parte de la solución porque no es para todos, no todos están preparados para entrar a una reconversión. Hay gente de la tercera edad que se ve incapacitada por su edad o temas de salud, entonces tiene que haber (otro tratamiento especial) para gente de la tercera edad”, alertó.
Entre tanto, según Verástegui, el sector que representa seguirá en estado de emergencia, después de que el Gobierno presentó de manera pública el pasado 13 de abril un proyecto de Ley que prohíbe la venta de mercancía usada y delega a los gobiernos municipales e indígenas el control y decomiso de esos productos.
En junio de 2006, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 28761 que prohíbe la importación y comercialización de ropa usada, y también plantea la reconversión productiva de los ropavejeros para que pasen de vendedores de prendas a medio uso a productores. Además, esa norma precisa que se priorizará el acceso a créditos y a la tecnología.
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