El acto de rendición pública de cuentas de la Procuraduría en la Vicepresidencia. Foto: Procuraduría.
La Paz, 28 de enero (ANF).- La Procuraduría General del Estado gastó Bs 8,3 millones por siete procesos de arbitrajes internacionales afrontados en 2015, siendo el caso de South American Silver, por la reversión de su concesión minera en Mallku Khota, el que demandó mayor cantidad de recursos con Bs 7,8 millones.
Además del arbitraje de South American Silver, los otros seis casos fueron interpuestos por Abertis, por la nacionalización del Servicio de Aeropuertos Bolivia S.A. (Sabsa); Quiborax, por la revocatoria de 11 concesiones mineras de la Empresa Non-Metallic Minerals e Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de sus acciones en Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser.
Así también se encuentran los procesos de arbitraje iniciados por la empresa suiza Glencore International AG debido a la nacionalización de la metalúrgica Vinto; por la empresa Jindal, debido al cobro de las boletas de garantía dentro del proyecto de explotación del cerro Mutún, y por Air BP por sus inversiones y el lucro cesante en la distribución de carburantes en aeropuertos.
“En siete procesos hemos gastado alrededor de 8 millones de bolivianos, poco más de un millón de dólares”, dijo el Procurador. Afirmó que esta cifra es menor a los estándares internacionales, donde cada proceso arbitral exige el gasto promedio de $us 4 millones.
De los siete casos, sólo uno fue solucionado: el caso de Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de las empresas de servicios eléctricos. Iberdrola fue indemnizada con $us 34,1 millones y Paz Holdings con $us 19,5 millones. El proceso con el grupo empresarial concluyó con la firma de un acuerdo en noviembre de 2015.
En tanto, continúan los arbitrajes interpuestos por South American Silver, Glencore, Abertis, Jindal y Air BP, éste última, sin embargo, está abandonada desde 2013 por la inacción de la demandante.
El caso de Quiborax también continúa, aunque tras el fallo del 16 de septiembre de 2015, por el cual el Tribunal de Arbitraje dispuso que Bolivia pague $us 48,6 millones, el gobierno solicitó la anulación y suspensión del laudo.
“En la actualidad Bolivia no tiene ningún conflicto legal que le genere preocupación, no tenemos ningún laudo ejecutoriado en nuestra contra”, subrayó Arce, en el acto de rendición pública de cuentas llevada adelante en la Vicepresidencia.
33 casos ante el sistema interamericano de DDHH
Por otro lado, Arce dio a conocer que existen 33 denuncias contra el Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de las cuales 21 están en etapa de admisibilidad, seis en etapa de fondo, uno en acuerdo de solución amistosa, dos en etapa de contencioso jurisdiccional y tres con supervisión de cumplimiento de sentencia.
Entre los 21 procesos en etapa de admisibilidad se encuentran las denuncias de Odón Mendoza por el caso de la niña Patricia Flores y otra presentada por la defensa de la niña Patricia. También están las denuncias de indígenas del TIPNIS; de los candidatos de la alianza política Unidad Demócrata; del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, entre otros.
Asimismo, existen tres denuncias presentadas ante el Sistema Universal de Naciones Unidas por los exdiputados disidentes del MAS Eduardo Maldonado, de Potosí, y Rebeca Delgado, de Cochabamba, y la tercera presentada por los oficiales retirados de las FFAA, José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda, condenados por la masacre de Octubre de 2003.
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