Cochabamba, 22 marzo (ANF).- La fundación Probioma alertó que la Chiquitanía, una zona de transición entre la Amazonía y El Chaco sufre presiones por parte del Gobierno a través de la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera(AJAM) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) para incursionar en la exploración y exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades.
La investigadora de Probioma, Sara Crespo en su estudio “Minería en la Chiquitanía”, presentado en el seminario: Minería, agua y derechos humanos en Bolivia, señaló que tras varios intentos frustrados de empresas internacionales y nacionales de realizar tareas de exploración y explotación minera en la Reserva Municipal de Tucavaca, actualmente esta región sufre nuevamente presiones, pero esta vez por parte de otros actores.
“Desde el año pasado se dio una incursión, hace un año que la AJAM inició un proceso de contratación masiva de sociólogos para el trabajo en comunidades, se desplazaron por Guarayos, San Ramón y Concepción, que es la zona norte de la Chiquitanía donde se desarrolla la actividad minera a pequeña escala y de manera muy precaria, pero les dijeron que deben formar parte de las cooperativas y así la Tierras Comunitarias de Origen (TCO) controlarán la actividad minera”, señaló.
En el encuentro organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la investigadora señaló que en el municipio de Concepción y Lomerío las dos TCO están en estado de emergencia.
“Las comunidades de Roboré han ejercido su derecho a decidir sobre su territorio, de acceso a la información, conocen sus derechos (…). Pero en Concepción y Lomerío no saben cómo hacerle frente a este nuevo escenario, actualmente es lo que está pasando en la Chiquitanía”, manifestó.
Crespo señaló que mientras los funcionarios ejercen presión en las zonas chiquitanas, han logrado que los guarayos crean que la minería les llevará desarrollo, pero que en su mayoría los comunarios ven a la actividad extractivista como una amenaza a sus fuentes limpias de agua.
“Las comunidades chiquitanas saben cómo hacerle frente a las empresas pero no así al Estado y a la Fencomin que claramente les han dicho sino explotan con nosotros, lo haremos solos, de igual manera tienen la intención de realizar la actividad minera con el apoyo de la AJAM”, señaló.
La investigadora mostró una resolución del cabildo de los Guarayos en el que se informó que la AJAM les notificó alertándoles sobre varios proyectos mineros en la zona, y advirtiéndoles que si no se cooperativizaban las comunidades indígenas no percibirían ingresos por la actividad minera.
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