La Paz, 27 ene (ANF).- YPFB y el Ministerio Público indagan el destino de millones de dólares que no se recuperaron en el caso Catler-Uniservice. El tema será parte de otro proceso contra el ex presidente de la petrolera, Santos Ramírez, y otros implicados, que el jueves, recibieron sentencia por el primer caso.
“Particulares y funcionarios públicos han dispuesto, han utilizado recursos del fideicomiso con fines ilegales y dio lugar al enriquecimiento de particulares”, asegura la abogada de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Mónica Ramírez.
De acuerdo con datos históricos, el daño económico ocasionado al Estado sería por 16,6 millones de dólares del fideicomiso de 45 millones creados en el 2008 para que Catler-Uniservice contrate a Gulsby para la fabricación de los turbogeneradores.
Del monto no recuperado, 13,3 millones de dólares “fueron entregados a la Subcontratista Gulsby”, indicaba el informe de YPFB en el 2009, especificando que los restantes 3,3 millones “fueron repartidos en coimas”. Ya entonces se indicaba que investigaban el destino de los recursos.
A pesar de transcurridos los años, todavía no hay datos precisos de los montos perdidos ni de las cantidades recuperadas, en el 2009, la petrolera estatal indicaba que del fideicomiso había recuperado 28 millones de dólares.
PREPARANDO
Justamente, en la “legitimación o ganancias ilícitas” del caso conocido como “Catler II”, YPFB informa que el proceso tiene “dos imputaciones formales” y que “se encuentra en la etapa preparatoria”.
“Se deben ampliar las imputaciones contra otras personas que facilitaron los desembolsos de las cuentas de Uniservice a favor de particulares que dispusieron fondos del fideicomiso”, señala el boletín institucional que recoge declaraciones de los abogados de YPFB.
El caso Catler II todavía está esperando el sorteo de juzgado para el proceso penal en la Corte del Distrito. También está imputado el ex hombre fuerte del gobierno del Movimiento Al Socialismo.
En el caso SIPSA, “el daño económico está siendo cuantificado”, pero “existe una recalificación de garrafas por más de 1.800.000 dólares y tiene que ver con la compra ilegal de acciones de la empresa Full Industria”, indica la abogada en el boletín.
La petrolera “impulsará” ambos “juicios penales en contra de Santos Ramírez Valverde y otros involucrados en los denominados casos Catler II y SIPSA por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, compra ilegal de acciones y daño económico contra el Estado, entre otros”, remarca el informe de YPFB. //JTI//
