Quema de gas.
La Paz, 26 de julio (ANF).- El experto en hidrocarburos y energía, Hugo del Granado, sostuvo que el escenario de inseguridad jurídica en el país no permitirá que los incentivos petroleros aprobados por el gobierno dinamicen la inversión en el sector.
“Debe estar claro que las medidas de incentivos, en un escenario predominante de inseguridades, no constituirán un motor dinamizador de inversiones”, señaló Del Granado en una ponencia realizada en la Fundación Pazos Kanki.
El analista citó que algunos de los factores que contribuyen a este escenario de inseguridad son las contradicciones que existen entre la Ley de Hidrocarburos 3058 y la Constitución Política del Estado, la justicia que está sometida al poder político y donde se desconocen los tribunales internacionales de arbitraje.
“No se tiene un regulador independiente, confiable ni técnicamente capacitado para resolver conflictos entre partes y exigir el respeto de los derechos contractuales”, sostuvo.
Sobre la institucionalidad, dijo que ha sido desconocida en todas las entidades del sector. “Los nombramientos son políticos, la empresa estatal YPFB es juez y parte en la relación contractual”.
Además que el régimen fiscal es muy duro, inflexible y poco competitivo. “Las libertades económicas están restringidas desde la Constitución Política del Estado porque las empresas están obligadas a reinvertir sus utilidades y a asociarse en condición minoritaria con YPFB”.
Del Granado agregó como otro factor que “todas las áreas de interés petrolero están reservadas para YPFB, el mercado es monopólico y los precios internos son subvencionados”.
En ese sentido señaló que esta situación constituye “la principal causa de la falta de inversiones suficientes por parte del sector privado”.
Consiguientemente, indicó, el reto consiste en “crear las mejores condiciones para que los inversores sepan que los contratos serán respetados y tengan las condiciones para recuperar las inversiones exploratorias durante la etapa de producción”.
Para esto “el Estado debe trabajar para minimizar los riesgos en la superficie y no para aumentarlos creando inseguridades de orden jurídico, fiscal y económico”.
Bajo las condiciones actuales, subrayó, solo podría esperarse que las empresas ya radicadas en Bolivia y en posesión de campos descubiertos “aceleren las inversiones en producción para percibir los montos contemplados como incentivos” y no realizar nuevas inversiones en exploración.
Toda esta situación “ha contribuido a dificultar el incremento de las reservas de hidrocarburos en el país”.
“Las empresas privadas han sido reacias a invertir en el rubro y en tanto no se revisen esas bases, será difícil cambiar el curso de la tendencia declinante de las reservas” de hidrocarburos.
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