Mina de Mallku Khota. Foto: hoybolivia.com
La Paz, 12 de julio (ANF).- La Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Minería asumen la defensa legal del Estado boliviano en Washington ante una corte internacional en la sede del Banco Mundial, dentro del laudo arbitral presentado por la empresa South American Silver Limited (SAS) en contra de Bolivia, que busca una indemnización de 400 millones de dólares por la nacionalización de la mina de Mallku Khota.
En un contacto telefónico desde Washington, el procurador Arce señaló que como resultado de la solicitud de arbitraje presentada el 30 de abril de 2013 por la empresa SAS, una delegación se trasladó hasta la sede del BM para hacer conocer los argumentos de defensa del Estado boliviano. La empresa figuraba entonces como canadiense, pero hoy aparece como británica, denunció.
En julio de 2012 los comunarios de Mallku Khota tomaron como rehenes a dos ingenieros de la empresa y un policía, a quienes golpearon y, en el caso del uniformado, torturaron durante horas.
La refriega de los comunarios ocasionó la muerte de uno de ellos, supuestamente por la mala manipulación de una dinamita que deseaba arrojar a un grupo de uniformados.
Tras la toma de los rehenes y la ocupación del yacimiento, el entonces ministro de Trabajo, Daniel Santalla, llegó a un acuerdo con los comunarios que se basó en que no se realizara acción judicial alguna contra los dirigentes por el secuestro, las golpizas y las torturas; además, se estableció que el yacimiento fuera revertido a la comunidad.
La empresa SAS no fue compensada por la confiscación de ese yacimiento y por ello demandó un arbitraje. La empresa ha sido capitalizada por otras compañías y ahora se denomina TriMetals Mining Inc. Según su página web, sigue teniendo su base en Canadá, no Gran Bretaña.
Arce informó que la comitiva conformada por su persona, el ministro de Minería, César Navarro, un equipo jurídico nacional y una consultora internacional especializada en la defensa de los intereses del Estado por efecto de nacionalizaciones, expuso el lunes los argumentos de defensa, que insistieron en “el derecho a la vida”. La nacionalización se tomó, dijo, para evitar pérdidas humanas durante el conflicto que se dio en Mallku Khota.
“El Estado actuó en defensa de la vida. Entendemos que el Tribunal Arbitral está decidiendo favorablemente sobre los criterios del país y esperemos tener una respuesta a un laudo en el que se establezca la no jurisdicción, haciendo aparecer a una empresa canadiense como británica”, dijo.
La demanda de la trasnacional, que en criterio del Procurador es ficticia debido a que cambió su nacionalidad (de canadiense a británica), se dio meses después del Decreto Supremo 1308 de 1 de agosto de 2012, que revirtió las diez concesiones mineras que detentaba la compañía en Mallku Khota, ubicada en las provincia Alonso de Ibáñez y Charcas del departamento de Potosí.
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