La Paz, 1 de octubre (ANF).- El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas informó que una comisión técnico jurídica de la CEPB presentó sus observaciones al Código del Sistema Penal a la Asamblea Legislativa, y ahora están a la espera de ser convocados a una reunión final, en la que se presenten los cambios acordados o se analicen nuevas propuestas.
“Hay un compromiso de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño de convocarnos a una reunión, una vez se tenga la redacción final, lo que debiera suceder en los próximos días, antes de que el tema de las personas jurídicas ingrese a su tratamiento en detalle”, opinó el empresario.
Valoró la apertura al diálogo que han tenido las Presidencias de las Cámaras, frente a las demandas del empresariado; y la buena disposición y el respeto con que se debatieron las observaciones. “Nosotros habíamos expresado nuestro reclamo por la cantidad de delitos que se pretendía tipificar a las empresas, además de la inclusión de faltas que están en otras normas, las sanciones excesivamente punitivas, entre otros”, afirmó.
Además dijo que se les trasmitió a los Presidentes de las Cámaras y sus asesores, la gran preocupación de todos los empresarios, ya que los artículos incluidos en el “borrador del proyecto”, ponían en riesgo la seguridad jurídica, y su aplicación podía afectar seriamente las fuentes de trabajo, la sostenibilidad y la existencia de las empresas, y sobre todo, podrían generar un desincentivo para la inversión.
“En un primer momento se nos ha explicado que hay una decisión de incluir a las personas jurídicas en el Código Penal, debido a que la doctrina jurídica internacional ya asume esta tendencia, a partir de la aparición de delitos como la trata y tráfico, legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico, terrorismo y otros”, adelantó el empresario.
Sin embargo, aclaró que se ha generado un consenso importante entre ambas comisiones, respecto a la necesidad de revisar y corregir algunos excesos y aspectos inapropiados incluidos en artículos como el catálogo de delitos, las sanciones y los agravantes.
“Creo que todos estamos de acuerdo que se debe sancionar a quienes cometen delitos valiéndose de su situación como directores o ejecutivos de una entidad privada, pero sobre todo se deben generar las condiciones que permitan prevenir, disuadir e impedir que se usen empresas para cometerlos; es decir que no podemos poner en riesgo los derechos de todos los empresarios que están protegidos por la Constitución, solo porque algunos incurren en conductas delictivas”, afirmó.
