La Paz, 18 de octubre (ANF).- A 10 años de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico afirmó que no se eliminó el estigma de la corrupción sobre el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y que tampoco se logró erradicar el tráfico de tierras fiscales. Denunció además la venta de tierras en la franja fronteriza, lo cual está prohibido.
"El INRA no puede tener ningún indicio de corrupción; este ministro no tiene delegados, este ministro no tiene tramitadores, por tanto no va a haber quien le pueda acusar, ni a parientes por estos casos. Tenemos que obrar con transparencia, no puede seguir diciendo la gente que están comerciando mapas de tierras fiscales, croquis de las tierras fiscales o si está tardando mucho tiempo porque está esperando que alguien le pueda pasar una coima, este tipo de estigmatizaciones tiene que desaparecer en el INRA", instó Cocarico a los funcionarios en acto público.
El titular de Desarrollo Rural dijo en el auditorio de Telecomunicaciones, que en el último tiempo se han sucedido asentamientos y ocupaciones ilegales en las tierras fiscales. "Aquí el INRA debe ser muy drástico, tiene que proteger las tierras fiscales, y en ese sentido a los avasalladores se debe procesar como corresponde porque ¿qué es lo que sucede?, se entran a las tierras, avasallan tierras, trabajan un poco, quieren justificar la función económica social y quieren que el INRA les titule a la brevedad posible”, recomendó.
Sin embargo dijo que la experiencia que tiene en el cargo, de un año y medio, le permitió determinar que en el INRA se tituló tierras fiscales a nombre de grupos que presionaron, pero que a los dos a tres años los beneficiarios comercializaron las tierras a 2 y 3 millones de dólares, propiedades agrarias por las que no pagaron prácticamente nada.
“Hay intenciones de algunos de acaparar tierras bajo fraude en la antigüedad de la posesión por ejemplo; en este aspecto la ley es clara, para determinar los antecedentes para el saneamiento necesitamos demostrar derecho de propiedad, título ejecutorial o documento público privado reconocido (…). Hoy por hoy, quieren apropiarse de tierras simplemente con fotocopia de documentos privados transaccionales y eso no es correcto”, señaló.
El titular de Desarrollo Rural recordó que la Ley INRA permite adjudicar hasta la pequeña propiedad que es de 50 hectáreas en el oriente boliviano. Sin embargo dijo que se “empiezan hacer fraccionamientos fraudulentos y hacen aparecer o incluyen nombres, pero detrás de esos nombres solo existen algunas personas que son los verdaderos propietarios”.
En mérito al espíritu de la Ley 3545 –dijo Cocarico- se seguirá priorizando la tierra para el sector campesino, indígena originario y comunidades interculturales, para que la trabajen. Sin embargo también reflexionó a los dirigentes a no actuar por intereses personales.
“También queremos reflexionar a nuestros compañeros dirigentes que no podemos cometer el error que cometen algunos malos bolivianos. Nosotros tenemos que pedir las tierras para trabajarlas porque también algunos compañeros organizan comunidades, pasan uno, dos o tres años y empiezan a vender la tierra que se les da en dotación, y no es para vender, sino para trabajar”, enfatizó.
Dirigiéndose a los funcionarios del INRA les dijo: "Varios principios que deben haber en el trabajo del INRA; primero, celeridad en la gestión, muchos se quejan de que los trámites tardan cinco, siete, diez años, y hasta quince años, y algunos dicen que no se mueve porque no se les da algo, y eso no puede haber".
Durante el acto público realizado en el auditorio del edificio de Telecomunicaciones al que asistió el vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro Cocarico destacó que en diez años de la reconducción comunitaria se logró revertir la distribución de la tierra, del 68% que estaba concentrado en manos privadas pasó a sólo el 11% para el sector empresarial. Aunque dijo que el sector agropecuario también requiere tierra.
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