Afectados por el abandono de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por parte de Corsán Corviam¿. Foto: ANF
La Paz, 19 de julio (ANF).- El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, afirmó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) tiene la obligación de entregar a la Unidad de Transparencia de esa repartición, los contratos suscritos con la empresa española Corsán Corviam. Dijo que no hay nada que ocultar.
“Es obligación de la ABC que presente el contrato (…). Es transparente, no hay nada que ocultar”, aseguró Claros en escueta declaración antes de ingresar al vehículo oficial que lo recogió de la puerta de Palacio tras participar de la reunión de gabinete.
El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Herbas, reveló el mes pasado que la ABC no le entregó el detalle de la ejecución de las boletas de garantía aplicadas a la española Corsán Corviam por el abandono de obras, ni tampoco los contratos con dicha empresa bajo el argumento de que existe una cláusula de confidencialidad con el Banco Mundial (BM).
“Se nos ha respondido por parte de la ABC que tiene una cláusula de confidencialidad con el Banco Mundial, entonces es un elemento que seguramente cuando lo conversen la ABC con el Banco Mundial nos responderán en algún momento y nos informarán”, afirmó Herbas en referencia al contrato para la construcción de la carreteras Ixiamas San Buenaventura.
Sin embargo el también exContralor General dijo que el plazo de espera no puede ser indefinido pues la nota a la ABC fue cursada el 10 de abril, antes que el senador de oposición Yerko Núñez (UD) denunciara supuestos hechos de corrupción en torno a los contratos con Corsán Corviam y presentará sus peticiones de informe escritos (PIE).
“Estamos generando, viendo y requiriendo esta información (…) con organismos de financiamiento hay confidencialidad hasta determinada etapa y después de esa etapa toda información debe ser proporcionada a las unidades. Nosotros actuamos en función a los parámetros existentes en el ámbito público, nos han dicho que en un determinado momento nos van a dar, pero eso tiene sus límites”, aseveró.
El Jefe de Transparencia señaló que si la ABC no entrega la información requerida a esa unidad, incluso acudirá al Banco Mundial para verificar la información. “Así es, no solo vamos enviar al Banco Mundial sino que vamos a tomar todas las opciones del ámbito público”, manifestó.
En la nota remitida el 10 de abril, el Jefe de la Unidad de Transparencia le solicita a la presidenta ejecutiva de la ABC, Noemí Villegas, remitir la carpeta del proceso de contratación, las propuestas no adjudicadas de las empresas participantes, los contratos principales, modificatorios y adendas, el informe del avance físico y financiero de la obra en ambos tramos de la carretera San Buenaventura-Ixiamas.
También se solicitó información del supervisor y fiscal de obras referente a la ejecución y cumplimiento de obligaciones de la empresa contratista, el informe de los motivos por los cuales la ABC no publicó los contratos principales con esta empresa en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), además del reporte del sistema de contratos de la Contraloría General del Estado sobre el registro de los contratos de esta obra.
En la misma nota, Herbas le solicitó a Villegas remitir toda la información requerida en un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción, pero pasaron más de dos meses y hasta la fecha la Unidad de Transparencia no recibió la información solicitada.
“Debemos señalar que una de las líneas de trabajo de la Unidad de Transparencia es velar que el Estado no pierda un solo centavo en este tipo de contratos, y uno de los elementos al que estamos haciendo seguimiento es que las boletas de garantías hayan sido ejecutadas correctamente, y estamos esperando la respuesta porque en función a la cuantificación de las boletas se hará una comparación si hubo algún daño económico o no”, señaló.
En cuando a las tres solicitudes de información que le llegaron de parte del senador Núñez, el Jefe de Transparencia dijo que el legislador remitió requerimientos no sólo a la Unidad de Transparencia, sino también y en paralelo al Ministerio Público por cuanto ya no le corresponde responder un cuestionario que se encuentra en plena investigación en la Fiscalía.
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