Cooperativistas junto al presidente Evo Morales en Palacio. Foto de archivo: hoybolivia.com
La Paz, 26 de agosto (ANF).- La ley minera 535, pactada entre la dirigencia cooperativista minera y el Gobierno en 2014, consolidó un régimen de excepción en beneficio de este sector, que entre otros, incluye un política laboral especial que niega los derechos laborales a los trabajadores de este sector, afirma el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
El análisis del pliego de los cooperativistas realizado por los investigadores Marco Gandarillas, Georgina Jiménez y Pablo Villegas titulado “Tomar por asalto al Estado” advierte de la ley minera posibilitó la ampliación de las actividades mineras de forma irrestricta, sin ningún tipo de límites y le permitió a las cooperativas el acceso a áreas hasta entonces restringidas, manteniendo muy pocas limitaciones como las reservas fiscales.
El Cedib advierte que el sector cooperativista en su pliego petitorio demanda levantar estas pocas restricciones que mantuvo la norma, así como la inmovilización de las áreas de reserva fiscal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para que les sean adjudicadas a ellas, además de “agilizar” la reversión de áreas mineras consideradas ociosas en favor de las cooperativas mineras.
Los investigadores observan que los cooperativistas en su pliego buscan la “desnacionalización” o privatización de la minería nacionalizada a partir de sus reclamos de renovación y ampliación de los contratos entre la Comibol y las cooperativas, así como una norma que autorice la celebración de contratos y la otorgación de derechos mineros en los salares.
“Recordemos que el artículo 26 de la Ley 535 determina que todos los salares son áreas reservadas para el Estado, en esa norma se redujo nuevamente hasta la costra salina la reserva fiscal. La exigencia es privatizar estas últimas áreas en su beneficio”, advierte el centro de investigación.
En análisis de los investigadores, desde hace varios años la dirigencia cooperativista minera y el Gobierno coinciden en generar un régimen de excepción que, entre otras cosas, otorga inmunidad a las cooperativas para flexibilizar los derechos laborales de sus trabajadores.
“Se ha demostrado que las cooperativas mineras son entidades de beneficio privado en las que existe el trabajo asalariado inseguro, precario y mal remunerado, y también un trabajo no asalariado que raya en modernas formas de servidumbre por deudas. En las cooperativas mineras existen socios que contratan la fuerza de trabajo de otros que no gozan de tal condición”, señala el informe.
En esas condiciones, el Cedib sostiene que la actual organización de las cooperativas mineras solamente considera a los socios que usualmente son los empleadores, excluyendo a los trabajadores, quienes no pueden organizarse autónomamente para defender sus derechos frente a los primeros.
“Esta situación deviene en el enriquecimiento de un grupo reducido (patrones o empleadores) a costa de la explotación de otro grupo mayoritario, los trabajadores, quienes además son precarizados: obligados a extensas jornadas laborales, desprovistos de protección laboral, sometidos a condiciones de alto riesgo para su salud y vida, carentes de seguridad social y, en muchos casos, incluso, tienen que pagar para poder trabajar”, se advierte.
El pliego de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) demanda entre otros aspectos la anulación de las recientes modificaciones a la Ley General de Cooperativas, que permite la sindicalización al interior de las cooperativas, además de la modificación de la Ley Minera para que permita la asociación entre cooperativas y capitales privados.
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