La Paz, 12 de agosto (ANF).- El director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, señaló que los cooperativistas mineros pretenden “tomar por asalto” al Estado para apropiarse de sus recursos estratégicos y beneficiarse de una situación de excepción laboral, social, tributaria y empresarial.
El investigador advirtió que las demandas del sector minero, presentadas en forma de un pliego de 10 puntos, atentan contra la soberanía del país al pretender apropiarse de territorios y áreas con reservas fiscales de propiedad del Estado.
“Aquí estamos hablando de la soberanía del país que va más allá de lo económico; aquí estamos hablando de que el Estado le estaría atribuyendo derechos a actores privados sobre áreas de explotación (…). Por eso consideramos a este pliego como una forma de ‘tomar al Estado por asalto’ y a los bolivianos por rehenes, porque rompe todo el ordenamiento jurídico vigente”, señaló a ANF.
El pliego fue presentado por la Federación de Cooperativas Mineras
(Fencomin) y respaldado por la Confederación Nacional de Cooperativas de
Bolivia (Concobol) y motivó una serie de violentas manifestaciones y
protestas, que dejaron esta semana decenas de policías y mineros
heridos.
En cuanto al cuarto punto del pliego, que plantea la “desmovilización” (retiro) de la Comibol de las áreas de explotación consideradas de interés del Estado por ser reservas fiscales, Gandarillas observó que Fencomin no sólo pretende apropiarse de esos territorios, sino también de acceder de manera libre e irrestricta a zonas que guardan recursos estratégicos.
“El pliego plantea un Estado que otorga territorios y recursos estratégicos libremente a los cooperativistas, les pone políticas de fomento para la libre importación de maquinaria –con cero aranceles– y al mismo tiempo se benefician de una flexibilización total de las normas laborales, sociales, tributarias y medioambientales; es decir, quieren más derechos y no responsabilidades con el Estado”, observó.
Fencomin insiste también en su afán de conseguir una ley para que el Estado entregue a las cooperativas ciertas áreas del salar de Uyuni.
El punto dos de los cooperativistas plantea suprimir los artículos 132 y 151 de la Ley Minera de abril de 2013 para posibilitar a las cooperativas asociarse a capitales privados nacionales y/o extranjeros. Al respecto dijo que lo que buscan son modificaciones en la Constitución para que las “empresas trasnacionales utilicen como testaferros a los cooperativistas para contraer derechos del Estado pero no obligaciones”.
Gandarillas recordó que el planteamiento de las cooperativas para asociarse a capitales privados ya ocasionó en el pasado violentos conflictos, y que en el fondo busca que los cooperativistas puedan hacer contratos sin el conocimiento de la Asamblea Legislativa.
En cuanto al rechazo a las modificaciones a la Ley General de Cooperativas para permitir la sindicalización de sus trabajadores, el director del CEDIB señaló que esa figura es inconstitucional y va en contra de derechos laborales básicos. Dijo que actualmente las cooperativas distorsionaron su esencia al permitir que en su interior existan patrones y asalariados sin ningún tipo de derechos sociales ni laborales.
“Lo que haría el Gobierno al aceptar que las cooperativas se mantengan exentas de la sindicalización sería inconstitucional, por eso Concobol está apoyando la movilización porque esta flexibilización valdría para el resto de las cooperativas y marcaría un mal antecedente”, aseveró.
El pliego de Fencomin también incluye el trato excepcional para los cooperativistas que rechazan abrir sus cuentas bancarias en el banco Unión para recibir el pago por sus minerales por parte del Estado.
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