No bastaron las nueve horas para que los fiscales Ramiro Jarandilla y Ruddy Terrazas convencieran a la jueza cuarto Anticorrupción, Melina Lima, que los imputados obstaculizarían la investigación o se fugarían del país por no contar con “arraigo natural” referido a la familia, trabajo y domicilio establecidos.
Aunque citaron que Marcos Rejas, funcionario del área solicitante de la contratación se fue a Estados Unidos una vez que fue apartado de la estatal petrolera en abril.
“Los imputados no tienen trabajo, ni domicilio, ni familia”, aseguró Jarandilla, pero en el transcurso de la audiencia se desvirtuó esa afirmación, lo que obligó a entrar a un cuarto intermedio hasta este viernes. Los abogados defensores entregaron abundante documentación original en la que se demostró que los imputados cuentan con familia, tienen domicilio establecido e incluso mantienen relación laboral con YPFB, pues se destituyó recién a dos de los cinco imputados. Los otros tres continúan suspendidos.
Altos jefes en la mira
La audiencia cautelar, si bien no definió la situación procesal de los cinco imputados, sirvió para sacar a luz varios hechos que se desconocían, como la orden tácita que dio la directora Legal Corporativa de YPFB, Cinthia Novillo a los tres abogados Félix Bustos Martin, Gisel Siles Roca y Julio Kjari Nina, para que procedieran a la tercera enmienda a la convocatoria de adjudicación de los tres taladros, y que según la Fiscalía habría terminado por favorecer a Drillmec.
Los defensores Mario Villafán y Norma Espejo dejaron establecido que al margen de la orden expresa de Novillo para la tercera enmienda al proceso de contratación, la suspendida gerente de Contrataciones, Paola Oporto podía aceptar o rechazar las enmiendas, pero también Fabián Avilés, cabeza del Comité de Calificación.
Kjari al momento de asumir su defensa oral ante la jueza también dijo que no hay nada malo en que Drillmec se haya habilitado con sus estatutos y no así con el documento de personería jurídica, pues la misma Embajada de Italia dio fe que ese documento es válido y equivalente al otro para presentarse a licitaciones internacionales, y que la tercera enmienda no solo benefició a la empresa que resultó adjudicada, sino a las cuatro que resultaron calificadas.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron que en el caso presente, no hubo daño económico para el Estado, pues si bien la adjudicación llegaba a 148,8 millones de dólares, YPFB no desembolsó ni un peso, y por el contrario, decidió rescindir el contrato.
En cuanto al gerente de Perforación de YPFB, David Pérez y el director de Perforaciones, Bigmarck Serrano, ambos ingenieros petroleros de profesión y destituidos de sus cargos horas previas a la audiencia de medidas cautelares, reclamaron un debido proceso y una defensa en libertad. Pero también exigieron ser evaluados por profesionales idóneos conocedores del sector.
“Están cometiendo muchos abusos ya que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y toda la parte ejecutiva conocía a detalle el proceso de contratación. Entonces es un poco desleal que a esta altura del año suframos el inicio de un proceso sumario en YPFB, la auditoría interna estuvo totalmente dirigida (…). Están buscando un chivo expiatorio”, dijo Pérez a ANF tras la audiencia.
Acotó que el presidente de YPFB, Guillermo Achá tendrá que valorar si se apersona o no a la Fiscalía.
El abogado Wilder Hinojosa, defensor de Pérez y Serrano dijo que el caso taladros es muy complejo porque de por medio incluso está la legislación internacional. Justificó que la jueza declare un cuarto intermedio para valorar y contrastar toda la documentación presentada tanto de la Fiscalía, Ministerio de Transparencia y la defensa.
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