La Paz, 18 de octubre (ANF).- La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que entre 2015 y 2016 se realizaron 165 consultas en comunidades campesinas e indígenas para autorizar actividades mineras y sólo un caso llegó hasta el Ministerio de Minería, que es la instancia que tiene la última palabra para autorizar una concesión minera.
La información fue proporcionada en un conversatorio organizado por la Fundación Jubileo y donde participaron funcionarios de la AJAM para explicar sobre la consulta previa libre e informada y las experiencias que tuvieron sobre la gestión de conflictos mineros a cargo de Lina Muñoz, profesora de la Universidad del Rosario (Colombia) y Nury García, Encargada de la Comisión de Formalización de la Red Muqui (Perú).
En La Paz se realizaron 60 consultas y es en el departamento donde más procesos se llevaron a cabo; en Santa Cruz, 29; en Oruro, 18; en Cochabamba, 16; entre Potosí y Chuquisaca se procesaron 25; y en Tarija y Tupiza se realizaron 17 consultas, de acuerdo a los datos de la AJAM.
“La comunidad va a decidir si siguen adelante las actividades", explicó Juan Carlos Espinoza de la oficina nacional del AJAM.
Añadió que la consulta se constituye en un proceso de diálogo y deliberación con las comunidades campesinas o indígenas, para autorizar que los operadores o los productores mineros intervengan en un determinado territorio.
La metodología establece un primer acercamiento y una primera convocatoria a los sujetos consultados, si es que no concurre se realiza un segundo paso y hasta un tercer llamado con intervalos de siete días. Pero si es que de todas maneras no acuden a las reuniones, interviene la AJAM como mediadora y en última instancia se remite el caso al Ministerio de Minería que decide otorgar o no la concesión.
La directora general de Política Minera del Ministerio de Minería, Ilsen Beltrán, confirmó que de todos los casos que mencionó la AJAM, sólo “un caso llegó al Ministerio, un caso sobre el que tenía que deliberar”.
Espinoza añadió que existen dificultades en la realización de la consulta porque en muchos casos los interesados en las concesiones no comprenden la importancia del diálogo con las comunidades campesinas o indígenas. “Las dificultades son las encrucijadas en la consulta”, apuntó.
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